ISAPRE, FONASA y el profesional de la salud

          En la década de los ochenta se inicia una de las reformas que mayor impacto generaría en la forma de vida de los chilenos: la reforma previsional. No solo se modificaron en dicho momento  las reglas del juego entre empleados y empleadores, sino que la misma salud fue sometida a reformas que perduran hasta hoy. Fue ese el momento de la instauración del sistema de salud chileno, que comprende dos entidades en la cuales puede estar un compatriota: FONASA o ISAPRE.

           Para poder empezar a hablar de este tema, es necesario tener claros algunos conceptos de este sistema mixto. Todo chileno o está en FONASA o está en ISAPRE, lo que determina diferencias sobre la calidad y tipo de salud que se imparte según el sistema de cotización. Para los profesionales de la salud, conocer como opera el sistema es esencial para poder desempeñar correctamente su función.

            Por un lado está FONASA, la parte pública del sistema de seguro social en salud. El sistema se financia con el 7% de los asegurados y con recursos provenientes de impuestos generales de la nación. Los beneficios que este esquema entrega son los mismos para todos los afiliados, independiente del monto de la prima cancelada y del tamaño del grupo familiar cubierto.  Es por tanto un sistema solidario donde son varios los actores que cooperan para su mantención y que asegura el acceso sanitario a todo chileno.

La contraparte del personaje anterior son las ISAPRE y los productores privados de salud. Estas operan como un sistema de seguros de salud basado en contratos individuales pactados con los asegurados, en el que los beneficios otorgados dependen directamente del monto de la prima cancelada. Los proveedores privados de salud son los hospitales, clínicas y profesionales independientes que atienden tanto a los asegurados de las ISAPRE como a los cotizantes del sistema público. La premisa es sencilla: aquel que paga más recibe un mejor servicio.

Uno de los principales objetivos por los cuales se planteó el modelo fue la descongestión de los establecimientos sanitarios, al generar la fuga de unos cuantos usuarios hacia el sistema de ISAPRE. Este objetivo se ha logrado parcialmente desde la instauración de este modo de operación, ya que aún así, el 70% de los chilenos cotiza en el sistema público. Por otro lado, a pesar que el acceso a salud en materias básicas está garantizado, la calidad de los servicios en el sistema público sigue atrasado en comparación con los privados, sin mencionar además los largos períodos de espera que conlleva atenderse por FONASA. En palabras criollas, el sistema abarca mucho, pero aprieta poco. Si bien garantiza el acceso a una atención a todo chileno, su actual dinámica no hace más que poner en manifiesto las grandes brechas económicas que aún afligen al país.

Para los médicos, las diferencias entre atender en un sistema y otro son abismantes. Por un lado, el sistema privado ofrece buenas instalaciones; acceso a exámenes y equipos de calidad que mejoran la probabilidad de curación de los pacientes y además, una mejor remuneración.  Por el otro lado, el público, tenemos numerosas falencias: la infraestructura es mala y los espacios en las salas de medicina o urgencia están congestionados por el exceso de gente; la disponibilidad de exámenes es baja, nula o se restringe el número de solicitudes diarias y, por último, la paga no es tan buena como al otro lado. Esta situación ha originado una fuga masiva de profesionales al sector privado. Quienes quedan en los hospitales públicos o consultorios son los menos: aquellos con una verdadera vocación social o quienes no han demostrado las habilidades para poder postular a mejores puestos en las clínicas. Éste último grupo es el mayor porcentaje del staff, compuesto por personas recién egresada o por profesionales extranjeros que no siempre operan bajos los estándares de calidad exigidos en Chile, lo que repercute directamente en la calidad de servicio que reciben los pacientes en estos establecimientos.

En conclusión, el actual sistema, a pesar de fomentar las desigualdades chilenas, ha logrado cumplir en parte sus objetivos. El mejorar la calidad del sistema para todos los chilenos no es sólo tarea del gobierno de turno, sino que también de los mismos profesionales de la salud. Hay muchos ejemplos de gente que trabaja en ambos sistemas, sirviendo a la gente en las mañanas y produciendo en las tardes en el sistema privado. Quizás no hayan tantas comodidades como en el lado privado, pero quizás para muchos, las mejores experiencias de vida surgen cuando se está al servicio de los más necesitados.

¿ISAPRE, FONASA? Bases para entender el sistema de salud chileno

En la década de los ochenta se inicia una de las reformas que mayor impacto generaría en la forma de vida de los chilenos: la reforma previsional. No solo se modifican las reglas del juego entre empleados y empleadores, sino que la misma salud es sometida a cambios que perduran hasta hoy. Fue ese el momento de la instauración del sistema de salud chileno, que comprende dos entidades en la cuales puede estar un chileno: FONASA o ISAPRE.

Son muchos los residentes de este país, me incluyo entre ellos, que conocen solo parcialmente el funcionamiento de este sistema mixto. Para poder entenderlo, hay que conocer a los actores que participan en la película del acal panorama nacional sanitario: MINSAL (Ministerio de Salud), IPS (Instituto de Salud Pública), FONASA (Fondo Nacional de Salud) e ISAPRE (Empresas de Administración de Salud).

El MINSAL es a quien le corresponde fijar, según las directivas que señale el gobierno de turno,  las políticas de salud y dictar las normas y planes generales de salud.  El ISP por su parte contribuye al mejoramiento de la salud poblacional, garantizando la calidad de bienes y servicios, a través del fortalecimiento de la  la fiscalización y la normalización.

           

            FONASA es la contraparte pública del sistema de seguro social en salud. Corresponde a un esquema de reparto, en el cual el sistema se financia con el 7% de los asegurados y con recursos provenientes de impuestos generales de la nación. Los beneficios que este esquema entrega son los mismos para todos los afiliados, independiente del monto de la prima cancelada y del tamaño del grupo familiar cubierto.

La contraparte del personaje anterior son las ISAPRE y los productores privados de salud. Estas operan como un sistema de seguros de salud basado en contratos individuales pactados con los asegurados, en el que los beneficios otorgados dependen directamente del monto de la prima cancelada. Los proveedores privados de salud son los hospitales, clínicas y profesionales independientes que atienden tanto a los asegurados de las ISAPRE como a los cotizantes del sistema público.

Los fundamentos del sistema se enmarcan en parámetros neoliberales que buscan potenciar el rol de los privados como agentes en asuntos de carácter público como es la salud. Se busca relegar de esta manera el papel de la administración pública al considerarse que su rol puede ser mejor efectuado por particulares.

En el área de salud, uno de los principales objetivos por los cuales se planteó el modelo fue la descongestión de los establecimientos sanitarios, al generar la fuga de unos cuantos usuarios hacia el sistema de ISAPRE. Este objetivo se ha logrado parcialmente desde la instauración de este modo de operación, ya que aún así, el 70% de los chilenos cotiza en el sistema público. Por otro lado, a pesar que el acceso a salud en materias básicas está garantizado, la calidad de los servicios en el sistema público sigue atrasado en comparación con los privados, sin mencionar además los largos períodos de espera que conlleva atenderse por FONASA. En palabras criollas, el sistema abarca mucho, pero aprieta poco. Si bien garantiza el acceso a una atención a todo chileno, su actual dinámica no hace más que poner en manifiesto las grandes brechas económicas que aún afligen al país.

Nuevo proyecto busca sacar a los ciclistas de la calle

El 11 de marzo del presente año 2011 se expuso un nuevo proyecto de ley que involucra a la bicicleta. En este, se prohíbe el tránsito de este vehículo por calles y avenidas, por lo tanto, se limita su circulación a las veredas o ciclovías existentes. La nueva legislación se enmarca en el conflicto creciente entre los peatones y vehículos motorizados contra ciclistas. Los primeros buscan proteger la seguridad de las vías por las que transitan, mientras que los segundos pelean por su derecho a movilizarse en un medio no contaminante y barato.

Muchas veces, la bicicleta permite avanzar rápidamente por zonas de abotellamiento, lo que permite ahorrar tiempo. Este punto es un gran incentivo para que cientos de chilenos opten por este medio, y en consecuencia, se combate a la vez el fenómeno de obesidad que aqueja cada vez más a nuestro país. En la actualidad, no existe una red de ciclovías extensa, por lo que los ciclistas se verán obligados en muchos caso a transitar por las veredas. La movilización en esta situación es incómoda y lenta, por lo que los ciclistas optarán por dejar de lado el pedaleo como principal transporte. Por consiguiente, se favorecerá el sobrepeso poblacional.

Por otro lado, los peatones también se verán afectados. Son numerosos los ciclistas que han hallado la forma de maniobrar de forma segura por la calzada al aplicar medidas de seguridad básica. Aquellos que circulan por las veredas son los menos experimentados, o bien, que no se sienten seguros al ir junto al tráfico. Es este último grupo, especialmente los más imprudentes, responsable de accidentes con los transeúntes. Esta nueva ley aumentaría significativamente el flujo de bicicletas hacia la pista peatonal, con el consiguiente aumento del riesgo no solo a quienes caminan por ella, sino también a los mismos ciclistas.

La diferencia de tamaños entre un vehículo motorizado y las bicicletas determinan consecuencias que pueden ser fatales para los últimos. Esta es una de las situaciones que la nueva ley busca evitar. Sin embargo, estos eventos son prevenibles con precauciones básicas por parte de los involucrados: respeto y precaución por parte de los conductores y el uso de implementos de seguridad por parte de los últimos. Una fiscalización eficaz por parte de las autoridades en estas materias disminuirían las fatalidades.

En conclusión, este proyecto de ley no se debe aprobar. Su ejecución no solo va en desmedro de los ciclistas, sino que afecta también a los peatones. Además, llevaría a una disminución del número de chilenos que opten por este medio, lo que repercute directamente en la incidencia de sobrepeso que padece Chile. La experiencia internacional de países como Holanda nos indica que hay mejores maneras de enfrentar esta situación, las que involucran un papel activo no solo de los ciclistas, sino que también del país entero. Mas que aprobar una ley restrictiva, hay medidas más eficientes que se pueden aplicar. Entre ellas, una fiscalización eficaz de las normas de seguridad del tránsito, asi como la implementación de ciclovías de calidad, son la solución más factible.